Sobre la Dirección Nacional Persecución De La Corrupción Administrativa
Procuraduría General de la República
Historia
El Departamento de Prevención de la Corrupción surge el 24 de Julio del año 1997 por decreto 322-97 del mismo año. El contenido de ese decreto fue conocido en esa misma fecha en un acto que se realizó en el Palacio Nacional, presidido el Presidente de la Republica. En este acto también se dio a conocer el inicio del “Programa para el Mejoramiento de la Transparencia en la Gestión Publica en la Republica Dominicana”, una Cooperación Técnica no Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Procuraduría General de la Republica, la primera que en su genero se aplicaba en América Latina y que fue desarrollada entre julio y octubre del aquel año 1997 por “Transparencia Internacional”, una ONG mundial.
En el marco de este programa se desarrollo un estudio sobre la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en la legislación penal vigente en nuestro país, cuyos positivos resultados le fueron presentados al Senado y a la Cámara de Diputados.
Noviembre de ese año 1997., del 28 al 30, se desarrollo en la capital dominicana, convocada por el Departamento de Prevención de la Corrupción y diez conocidas personalidades independientes de la sociedad dominicana, la “Conferencia Nacional Hacia un Plan Estratégico de Prevención de la Corrupción” en la que participaron funcionarios y lideres sociales, en la cual se conocieron las propuestas de “Plan Estratégico Nacional de Prevención de la Corrupción” que elaboró y presento el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa.
A pesar de todas esas iniciativas, no fue hasta el año 1998 cuando finalmente el Senado, en septiembre, y la cámara de Diputados, en octubre, aprobaron la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, finalmente promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de noviembre, convirtiéndonos de esa manera en el treceavo país americano que la ratifica. Antes que nosotros la ratificaron, en orden cronológico, Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, Venezuela, Costa Rica, Perú, Argentina, Trinidad Tobago, Honduras, Panamá y Chili.
Así, la ratificación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción”, en justicia es uno de los logros que puede exhibir el gobierno dominicano, particularmente la Procuraduría General de la Republica y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa.
Misión
Diseñar y ejecutar políticas de prevención y lucha contra la corrupción, así como de promover la ética y transparencia en la gestión pública y una cultura de valores en la sociedad, mediante la implementación de planes educativos en la materia, así procesos de capacitación a las diferentes dependencias del Estado para orientarlos en materia de ética publica. Prevenir e investigar la corrupción contribuyendo con efectividad a preservar el patrimonio publico, coordinando los sectores y actores involucrados para fortalecer el Estado de Derecho, la Democracia y la Justicia Social.
Visión
Ser un organismo reconocido por sus sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, que brinde a la población confianza y seguridad fomentando un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Un organismo Líder en la lucha anticorrupción cuya profesional labor comprometida con principios éticos y morales contribuye a disminuir significativamente los casos de corrupción y exhorta al servidor publico a desempeñarse en sus funciones apegado a la transparencia y el respeto al patrimonio publico.
Objetivos
1. Reducir progresivamente la corrupción en la administración pública.
2. Crear una cultura de rechazo a los actos de corrupción desarrollando los principios éticos y morales.
3. Fomentar la participación de la ciudadanía y la integración de todos los sectores y actores de la sociedad dominicana.
4. Cimentar la cooperación nacional e internacional en la lucha anticorrupción.
5. Elaborar y ejecutar políticas de prevención y lucha contra la corrupción.
6. Investigar y perseguir judicialmente los actos de corrupción.
7. Educar para generar nuevas actitudes, valores y comportamientos de la gente en contra de la corrupción.
Atribuciones
1. Elaborar y desarrollar políticas tendentes a cambiar la actitud de la ciudadanía en torno a la corrupción administrativa y a la lucha contra ella.
3. Fomentar la participación de la ciudadanía y la integración de todos los sectores y actores de la sociedad dominicana.
4. Investigar todos los hechos de corrupción de que tenga noticias, a través de cualquier medio como a través de los medios propios que la Procuraduría General de la República Dominicana para ello, como son, entre otros, líneas telefónicas y programas radiales especializados, así como ventanillas antícorrupción en todas las fiscalías del país.
5. Llevar un registro detallado y actualizado de todos los hechos de corrupción de que tenga noticias a través de cualquiera de los medios señalados en el inciso anterior.
6. Enviar a la justicia todos los casos de corrupción que considere pertinente.
7. Coordinar con todas las instituciones públicas el proceso de análisis, investigación y envió a la justicia de todos los expedientes sobre hechos de corrupción en la República Dominicana.
7. Dar seguimiento ante las instancia judiciales a todos los expedientes de corrupción que sean sometidos a ellas.
Marco Legal
El Director del DPCA como Procurador General Adjunto tiene las atribuciones propias del Ministerio Público, definidas en los artículos 16 y 20 de la Ley 78-03, que instituye el Estatuto del Ministerio Público, órgano del sistema de justicia, único e indivisible, por que cada uno de sus funcionarios cuando actúa lo representa íntegramente, siendo garante del estado de derecho, encargado de dirigir las investigaciones de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad, protegiendo a la victima y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice.
El DPCA asume funciones derivadas del artículo 88 del Código Procesal Penal, Ley 76-02, como del artículo 610 de la ley 821 de Organización Judicial, o sea, realizar por sí mismo todos los trámites y procedimientos inherentes a la Policía Judicial, esto es, investigar los crímenes, reunir las pruebas y entregar sus autores a los tribunales, vía los procuradores fiscales.
El DPCA como dependencia de la procuraduría también asume funciones en virtud del artículo 47 del Estatuto del Ministerio Público en los numerales 7, 16, 17.
Nació en el Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. En Junio del año de 1990 se trasladó a Santo Domingo, ingresando posteriormente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de dicha universidad, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho, en abril del año 1995.
Fue designado Abogado Ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, durante el período 1996 y 2000. En ese año se trasladó a Costa Rica, cursando una Especialidad en Administración de Justicia Penal, en la Universidad Nacional de ese país, con una duración de un año, obteniendo honores académicos por su desempeño. Regresó a Santo Domingo en el año 2001, y se dedicó a la práctica privada de la abogacía en su oficina, B & G Consultores.
En el mes de agosto del año 2004, fue designado Subdirector del entonces Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República y luego en adición como Procurador Adjunto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En la evaluación de desempeño realizada en el año 2005 a los miembros del Ministerio Público, obtuvo las más altas calificaciones, Excelente; con perfil de investigador y litigante.
Ha realizado diversos cursos, entre estos “Técnicas de Litigación Oral, en Costa Rica; “Rol del Fiscal en el Sistema Acusatorio”, en la Universidad de Puerto Rico; realizó una pasantía en la Fiscalía Anticorrupción de la República de Argentina; ha participado en distintos cónclaves sobre temas de corrupción en México; La Habana, Cuba; Bolivia; Costa Rica, Colombia, entre otros. Ha representado al país en el Comité de Expertos en la Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en Washington, y en el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En el ámbito académico, Profesor del Post-grado en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); y del Diplomado en Transparencia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
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